Construir vivienda con perspectiva de género: qué dice la ley y qué frena de verdad las obras
Santiago Abascal propuso en La Revuelta eliminar "la perspectiva de género que existe en la construcción" para construir más vivienda. Repasamos qué existe realmente en la ley española y a quién afecta: a los planes urbanísticos, no a la licencia de cada vivienda.
Eliminando la sobrerregulación, por ejemplo, la perspectiva de género que existe en la construcción.Santiago Abascal · Líder de Vox, La Revuelta (TVE), 9 de noviembre de 2026
Abascal respondió así a David Broncano cuando este le preguntó cómo construiría más vivienda. La cita procede del directo de El Español, que es un resumen en directo y no una transcripción completa. Otros medios recogen la intervención con matices: elDiario.es y Infobae le atribuyen además que hay que hacer informes de impacto de género "para construir casas" y que eso es lo que dicen los constructores. Conviene separar lo que existe de lo que no.
Hay que hacer informes de impacto de género para todo, para construir casas.Santiago Abascal · según la cita que recoge elDiario.es
Qué dijo Abascal y qué se ha podido comprobar
Abascal planteó la perspectiva de género como ejemplo de sobrerregulación que, a su juicio, frena la construcción. La comprobación de los hechos la hacen medios de línea editorial distinta, y por eso conviene contrastarla con los textos legales, que enlazamos más abajo. elDiario.es sostiene que en España no existe una obligación general de presentar un informe de impacto de género para cada vivienda que se construye. Infobae precisa que el urbanismo con enfoque de género no añade requisitos específicos a las licencias de obra residenciales.
Sobre la queja de los constructores, no hemos localizado ninguna declaración pública reciente de las patronales del sector (CNC, APCE) que señale la perspectiva de género como obstáculo. Los planes que han presentado esas organizaciones para aumentar la oferta de vivienda se centran en la falta de suelo, el desbloqueo de la Ley del Suelo, la seguridad jurídica, la industrialización y la fiscalidad.
Qué es el urbanismo con perspectiva de género
Parte de una idea: el espacio público no se diseñó de forma neutra, sino pensando en un trayecto lineal entre casa y trabajo. Las encuestas de movilidad muestran que las mujeres combinan con más frecuencia trabajo, compras, acompañamiento escolar y cuidados. Desde ahí se proponen medidas muy concretas:
- Movilidad: aceras más anchas y viviendas próximas a paradas de transporte y a equipamientos básicos.
- Seguridad: alumbrado continuo, sin tramos oscuros ni ángulos muertos, y materiales transparentes en pasos subterráneos, ascensores y marquesinas.
- Espacios de cuidados: zonas de sombra, bancos y recorridos escolares seguros.
Hay ejemplos en varias ciudades: los caminos escolares de Bilbao, el plan de movilidad de Vitoria con autobuses eléctricos hacia los barrios periféricos, las supermanzanas de Barcelona o la exigencia del Ayuntamiento de Alcorcón a los promotores de garantizar visión despejada en pasarelas y accesos. Carlet, en Valencia, incorporó aceras más anchas y mejor iluminación en su reconstrucción tras la dana de 2024.
Qué leyes lo recogen
- Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda: su artículo 2.ñ fija como fin de las políticas públicas de vivienda "garantizar la igualdad, desde la perspectiva de género, edad, capacidad y perspectiva territorial, en todas las políticas y acciones en materia de vivienda, a todos los niveles, y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación" (texto en el BOE). Es un principio dirigido a las administraciones, no un trámite que se exija a cada promotor.
- Cataluña: la Ley 17/2015 de igualdad (art. 53) obliga a incorporar la perspectiva de género en la planificación urbanística, y la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda (art. 23) la incluye entre los criterios de la edificación y la rehabilitación.
- Otras comunidades: País Vasco, Comunitat Valenciana, Andalucía, Canarias, Baleares, Navarra y Extremadura la aplican con distinto grado en su normativa de planeamiento.
Dónde sí puede tener efecto práctico: el planeamiento
El punto donde la cuestión tiene consecuencias jurídicas es el planeamiento general, no la vivienda individual. En la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2018 (caso del PGOU de Boadilla del Monte, nota del Poder Judicial) el Alto Tribunal revocó la nulidad del plan al entender que no era exigible un informe formal de impacto de género si la normativa autonómica no lo establecía. Ya en 2015 había anulado el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental porque la ley andaluza sí lo exigía expresamente. La doctrina resultante es que el riesgo de nulidad depende de lo que diga cada comunidad autónoma, y que el principio de igualdad debe reflejarse en el contenido del plan.
Para un promotor, el efecto se concentra en la fase previa: la tramitación de planes y de proyectos de reurbanización. Un plan anulado por defectos de procedimiento deja sin cobertura los desarrollos que dependen de él, y ese es el tipo de inseguridad jurídica que el sector sí menciona como freno.
El otro frente: el empleo en la construcción
La perspectiva de género también aparece en el trabajo. La Ley Orgánica 3/2007 y el Real Decreto 901/2020 obligan a las empresas de 50 o más trabajadores a tener un plan de igualdad registrado, y el VII Convenio General de la Construcción incluye auditorías salariales y protocolos contra el acoso. Las mujeres ocupadas en el sector superaron las 160.000 en 2024, el 11,4% del total. En 2023, solo 7.889 de las 32.314 empresas obligadas tenían un plan de igualdad en vigor.
Qué significa para el sector inmobiliario
Para agencias, promotores e inversores, la conclusión práctica es doble. Un criterio de diseño urbano con perspectiva de género no multiplica los trámites de una promoción concreta, pero sí puede pesar en proyectos que dependen de nuevos planes o de reurbanizaciones, y en el cumplimiento de planes de igualdad dentro de las empresas. Los datos que explican la escasez de oferta siguen siendo el suelo disponible, los plazos de tramitación y los costes de construcción.
El debate llega en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, así que cabe esperar que el término siga apareciendo en los programas. Conviene distinguir cada vez de qué norma se habla antes de atribuirle un efecto sobre el precio o la oferta de vivienda.
Fuentes: BOE (Ley 12/2023), Poder Judicial, El Español, Infobae, elDiario.es y La Bandera. Los datos legales proceden de los textos oficiales; los medios se citan para la declaración de Abascal y los ejemplos municipales.
